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Manifiesta sociedad repudio al sistema de justicia penal por la Liberación de los asaltantes juarenses
LUIS FERNANDO GONZÁLEZ | 17 de 07 del 2011 | 14:41 hrs
 

“Hago responsable al Distrito Judicial Camargo de la seguridad y cualquier cosa que le pueda pasar a mis hijos; ahora entendemos en carne propia lo que han pasado familias chihuahuenses como la de Rubí”, señaló públicamente la señora Nora Gaytán, madre de las víctimas del asalto a mano armada a la tienda OXXO, luego de la sorpresiva e inesperada liberación de los dos delincuentes originarios de ciudad Juárez, de los que trasciende, podrían estar ligados a peligrosas pandillas del crimen organizado.

El caso generó una indignación total en la comunidad, toda vez que al medio día del viernes la administradora de las salas penales, Rocío Vázquez, aseguraba que los asaltantes Jonathan Salazar y Felipe de Jesús Bañuelas habían sido encontrados culpables y el juez de garantías Carlos Roberto Arévalo, había negado la condena condicional por lo que permanecerían internados en el CERESO distrital de Camargo por lo menos año y medio. La declaración de la funcionaria del distrito judicial resultó ser una mentira, toda vez que a las 10 de la noche los delincuentes fueron puestos de nuevo en las calles.

La reacción de la gente fue de repudio total al ya de por sí criticado y poco confiable nuevo sistema de justicia penal. Los integrantes de la familia Gaytán que operan la  citada tienda, mismos que valientemente contribuyeron casi por completo a la localización y captura de los asaltantes, amanecieron con la noticia de que los peligrosos sujetos fueron liberados y en cualquier momento podrían ejercer venganza.

La población constató en grado superlativo los rumores constantes relacionados con el nuevo sistema de justicia penal. Las opiniones que corren como reguero de pólvora van desde corrupción en el sistema, hasta presiones ejercidas por el crimen organizado en contra del juez de garantías Carlos Roberto Arévalo, quien ordena la libración de los asaltantes juarenses aún y cuando el propio distrito judicial había anunciado la culpabilidad y negativa de la libertad condicional.

Ante la indefensión en la que queda la familia Gaytán, existen expresiones que convocan a gestionar ante el Gobernador el cese del juez y el personal que mintió flagrantemente en este caso, así como la protección inmediata de las víctimas ahora enfrentadas brutalmente con los delincuentes liberados.

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